Puno es la región más afectada por la evasión tributaria de la minería ilegal, con una pérdida de S/460 millones en 2025. Según el Gobierno, ese dinero pudo financiar escuelas, centros de salud y carreteras. Además, en los últimos tres años, se han destruido más de 180,000 hectáreas de bosques por esta actividad. “El canon minero no percibido suma S/2,600 millones a nivel nacional. Su ausencia limita la capacidad de los gobiernos regionales”, afirmó el ministro Jorge Montero.
El impacto también se refleja en la vulneración de derechos laborales. Muchos trabajadores de la pequeña minería son explotados por operadores informales sin condiciones de seguridad. “Se revisarán las normas laborales para proteger a los mineros formales y evitar abusos”, indicó el ministro. El Ejecutivo prepara una nueva ley para la minería artesanal, que solo incluirá a quienes trabajan de forma legal y respetan el medio ambiente.