El constante enfrentamiento entre los poderes del Estado en el país ha provocado un creciente desgaste en la institucionalidad democrática y ha debilitado gravemente la confianza de la ciudadanía. A menos de un año de las elecciones generales de 2026, una encuesta de Datum Internacional revela que el 33 % de los peruanos no se identifica con ninguna posición política, lo que refleja un fuerte desencanto con la clase dirigente.
En el plano económico, el impacto de esta confrontación es igualmente grave. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto una hoja de ruta centrada en la promoción de la inversión privada, decisiones contradictorias desde el Congreso, el Poder Judicial y otras entidades del Estado generan un entorno de inseguridad jurídica. Como advierte ComexPerú: “El mensaje que se transmite es preocupante: mientras un sector del Estado busca atraer inversión privada, otros dinamitan las bases que la sostienen”.
El politólogo Alberto Vergara advierte que el actual escenario representa un quiebre profundo no solo en términos democráticos o económicos, sino también en el plano social: “Ese es el proyecto principal que hay en este momento y que tiene como consecuencia no solo la posibilidad del deterioro democrático, no solo el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico, sino que, sobre todo, es el deterioro radical de la posibilidad de la convivencia civilizada entre las personas”, dijo.