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Según un estudio realizado entre el 8 y 12 de agosto, el 85 % de los peruanos cree que la respuesta del Estado frente a la minería ilegal es poco o nada efectiva, mientras que apenas el 10 % confía en la estrategia oficial. Además, el 73 % considera que el Gobierno ha sido “demasiado blando” frente al problema, pese a que el 81 % lo percibe como bastante o muy grave. La preocupación aumenta porque el 83 % estima que esta actividad financiará a partidos políticos en las elecciones venideras.

El consultor Iván Arenas afirmó: “Somos un país tomado –de un extremo al otro– por la minería ilegal. No hay objeciones a los resultados”. Añadió que “el riesgo es que mañana o más tarde las economías ilegales tengan su propia bancada multipartidaria, sin distinguir signo ni color ideológico”. En la misma línea, el abogado ambientalista César Ipenza señaló que no existe una respuesta eficiente por parte del Estado, porque “ni siquiera hay una prioridad de atención al tema”.

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