El pasado sábado 22 de marzo, se realizó un encuentro de rondas campesinas de los distritos de Nuñoa y Orurillo en el sector de Pasanacollo, ubicado en la parte baja de Nuñoa. La reunión, convocada por la Central de Rondas Campesinas de Nuñoa (Cedrocan), tenía como objetivo discutir la presencia de una empresa minera en la zona.
Sin embargo, diversos pobladores han denunciado que durante el evento se cometieron graves abusos, presuntamente liderados por el presidente de Cedrocan, Juan Ccama Guzmán. Según los testimonios recogidos, varias personas que manifestaron opiniones favorables a la actividad minera fueron víctimas de agresiones y hasta torturas. Entre los hechos reportados, se menciona que algunos comuneros fueron desnudados y sometidos a temperaturas extremas al ser rociados con agua fría o forzados a permanecer a la intemperie cargando rocas por más de cinco horas. Otros habrían recibido castigos con chicotazos.
Al día siguiente, miembros de Cedrocan se trasladaron al centro de Nuñoa, donde obligaron al alcalde distrital, Luis Condori, a salir de la municipalidad. Luego de increparlo por su ausencia en el encuentro del día anterior, también fue sometido a agresiones físicas, en una acción que vulnera los principios de respeto a la autoridad. Además, los ronderos amenazaron con clausurar por la fuerza la oficina de una empresa minera formal que opera en la localidad. De acuerdo con las declaraciones del dirigente rondero Pepe Mamani a un medio local, estas acciones habrían contado con el respaldo de las ONGs IDECA y DHUMA, esta ultima presentó un expositor de nombre José Bayardo Chata, quien conminó a las rondas a tomar acciones “más firmes”.
Si bien el uso de la fuerza ha sido una práctica recurrente en algunas rondas campesinas del país, la aplicación de tortura constituye un delito grave y excede las facultades de cualquier organización. La especialista Nelly Aedo, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, enfatizó en anteriores declaraciones que “las rondas campesinas cumplen un rol importante en la seguridad, la justicia comunal y la resolución de conflictos en el ámbito rural”. No obstante, subrayó que no pueden asumir funciones que corresponden a las autoridades formales, como la alcaldía, la Policía o el Poder Judicial, ni recurrir a prácticas que vulneren los derechos humanos.
Por su parte, el experto en derechos humanos José Flores advirtió que “las rondas campesinas no deben ser utilizadas como plataformas políticas ni convertirse en grupos de coacción ideológica, pues ello podría derivar en la comisión de diversos delitos”. La gravedad de estos hechos pone en evidencia la necesidad de un seguimiento riguroso por parte de las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de la justicia comunal.
