La junta directiva de la Comunidad Campesina de Huaripampa, distrito de San Marcos (Áncash) enfrenta graves consecuencias legales tras una ocupación ilegal de terrenos que duró una semana. La Policía Nacional y la Fiscalía intervinieron conjuntamente para recuperar el control del predio, devolviéndoselo a la empresa minera Antamina.
A raíz de estos hechos, se han activado denuncias penales por el delito de usurpación, que, según el Código Penal peruano, puede ser sancionado con penas privativas de la libertad que oscilan entre los 5 y 8 años de prisión. Este accionar subraya la gravedad de la situación y el riesgo legal al que se exponen los dirigentes y miembros de la comunidad involucrados en la toma de terrenos.
Las autoridades han recalcado que, si bien la protesta es un derecho, el uso de la violencia y la vulneración de la propiedad privada no están justificados. El caso pone de manifiesto la importancia de buscar soluciones a través del diálogo y los canales formales, evitando acciones que puedan derivar en consecuencias penales severas.
Ante este hecho, la Policía y la Fiscalía articulan esfuerzos para intervenir en hechos similares en otras zonas del país como Cusco, Pasco y otros departamentos, donde se ha evidenciado este tipo de accionar por parte de un sector de comuneros, quienes podrían afrontar denuncias penales que podría derivar en penas privativas de libertad.