En medio de una economía altamente informal como la de Puno, la presencia de inversiones mineras responsables puede marcar una diferencia sustancial en el desarrollo regional. Un ejemplo concreto es Minsur, empresa que mantiene operaciones en la zona norte de la región y que, más allá de su actividad extractiva, ha asumido compromisos de inversión pública y de relacionamiento con las comunidades que abren un debate necesario sobre el rol de la minería formal en contextos complejos como el puneño.
Actualmente, Minsur lidera el aporte del canon minero en la región y desarrolla proyectos clave como B2 en el distrito de Antauta y la exploración del yacimiento Santo Domingo en Nuñoa. Estos proyectos no solo buscan asegurar la continuidad operativa de la empresa, sino también consolidar una presencia de largo plazo en Puno. En paralelo, la empresa ha anunciado su participación en iniciativas de infraestructura como el financiamiento del nuevo hospital de Azángaro, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el cual atenderá a la población del norte de Puno, así como otros proyectos sociales que viene trabajando o evaluando en sus áreas de influencia.
Uno de los aspectos destacables ha sido el nivel de relación sostenido con las comunidades. Si bien existen altas expectativas sobre oportunidades laborales y contrataciones locales —algo recurrente en las zonas de influencia minera—, Minsur ha logrado mantener canales de diálogo que han evitado, hasta ahora, mayores conflictos. La situación contrasta con otros proyectos mineros en el sur del país que enfrentan rechazo o paralización, muchas veces por falta de articulación temprana con el entorno social.
Desde el gobierno regional también se han manifestado posturas más abiertas a este tipo de inversiones. El gobernador de Puno, Richard Hancco, declaró recientemente que “es más inteligente promover la presencia de empresas que generen empleos de calidad, inversión social e ingresos para la región que oponerse ciegamente por ideología o interés”. En la misma línea, César Condori, representante de la Agencia Agraria de Melgar, sostuvo que minería y agricultura pueden coexistir, como se viene observando en el distrito de Nuñoa, donde se explora la posibilidad de complementar ambas actividades con asistencia técnica.
El caso de Minsur plantea un escenario que invita a reflexión. En una región donde la informalidad laboral supera el 80%, la llegada de empresas formales que cumplan estándares ambientales y sociales puede representar una oportunidad real de desarrollo. La clave parece estar no solo en atraer inversión, sino en asegurar que esta se integre al territorio con una visión de largo plazo y de respeto por las dinámicas locales. Esto significa, avanzar en un modelo de minería que contribuya al desarrollo regional sin imponer lógicas extractivas desconectadas de las necesidades de la población. En un contexto nacional de alta desconfianza hacia las inversiones mineras, ese no es un dato menor.
