El distrito de Ananea, donde se ubica La Rinconada, concentra una de las mayores tasas de violencia del país debido a la minería ilegal. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la criminalidad en estas zonas hace que las muertes violentas sean “hasta 10 veces mayor que el promedio nacional”. Entre enero y julio de 2025 se registraron 221 casos por mes, lo que significó un aumento de 3.5 % en comparación con 2024. A ello se suma el auge de las extorsiones, que alcanzan 2,284 denuncias mensuales, 23 % más que el año anterior, aunque menos del 20 % de las víctimas formaliza su denuncia.
El problema se refleja también en la percepción ciudadana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “el 59 % de adultos considera a la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país”, superando a la corrupción y a la democracia.
La Contraloría, por su parte, advirtió que la PNP fue la entidad con mayor riesgo de corrupción en 2024, lo que refuerza la desconfianza: solo el 22 % de peruanos confía en esta institución. Estas cifras muestran la urgencia de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado para enfrentar la violencia vinculada a la minería ilegal en regiones como Puno.