La presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Puno, Judith Contreras Vargas, advirtió que la minería ilegal se expande en la selva puneña, generando delitos vinculados a la delincuencia organizada y preocupando a todas las instituciones de justicia. “Venimos con una carencia tremenda a nivel de la Policía como es la falta de laboratorios de criminalística para poder procesar las evidencias”, afirmó.
Esta carencia obliga a remitir los casos a Arequipa, Cusco o Lima, lo que retrasa las investigaciones y limita la capacidad de respuesta en la región. En este contexto, el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y Defensa Pública proyectan instalar en marzo de 2026 la unidad de flagrancia en Juliaca, provincia de San Román, con el objetivo de atender de forma inmediata los delitos.
No obstante, la funcionaria advirtió que la falta de presupuesto podría retrasar su implementación. “Confiemos en que se pueda concretar, se va a concretar porque esto es una necesidad que exige la población de Puno”, sostuvo, al precisar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe aprobar un pliego adicional para contratar fiscales y profesionales de apoyo.