Aproximadamente hace cuatro meses atrás, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Puno, impuso una suspensión preventiva de seis meses al juez del Tercer Juzgado Civil de Puno, Guido Armando Chevarría Tisnado. La medida, dictada el 4 de julio de 2025, se basa en serias acusaciones por presuntas faltas muy graves en el ejercicio de su función, incluyendo el establecimiento de relaciones extraprocesales con abogados que litigaban en su despacho. Sin embargo, hasta el momento no se emite una sanción definitiva contra dicho juez, quien podría retornar a sus labores a inicios del 2026.
La investigación detalla que Chevarría habría recibido “atenciones y servicios”, como el uso reiterado de una camioneta Toyota Fortuner, propiedad del abogado Adelmo Rodríguez Marroquín. Fotografías y videos de seguimiento policial, realizados entre abril y junio de 2025, sugieren que el abogado recogía al juez casi a diario, y que las estrategias judiciales se definían dentro del vehículo. La situación se agrava con la implicación del cuñado de Rodríguez Marroquín, el abogado Walker León Aguilar Castillo, quien presuntamente actuaba de forma conjunta en múltiples casos.
Los abogados involucrados, quienes patrocinaban juicios sobre terrenos y medidas cautelares, eran acusados de intercambiar la defensa de los demandantes para evitar sospechas. Casos como la medida cautelar que paralizó la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Juliaca y un litigio sobre 151 hectáreas resuelto en un tiempo récord de 16 días, muestran fallos que beneficiaron a los clientes de estos letrados.
Investigaciones:
A pesar de la suspensión preventiva, no existe aún una sanción definitiva contra el magistrado por parte de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Puno, teniendo en cuenta que el magistrado ha acumulado diversas investigaciones como en: La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Puno por denegación y retardo de justicia. En el 2020 registró denuncias en la Segunda Fiscalía Superior de Puno por los delitos de usurpación de la función pública y resistencia a la autoridad. En el 2021 tiene procesos en la Fiscalía Anticorrupción de Lima por usurpación de funciones, abuso de autoridad, y contaminación y violación de medidas sanitarias. Asimismo, en el 2025 fue denunciado en la Segunda Fiscalía Provincial de Puno por los mismos delitos: usurpación de funciones, resistencia a la autoridad agravada y abuso de autoridad. Además, sumo nuevas denuncias por prevaricato, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica, omisión a sus funciones y retardo, violencia contra la autoridad, entre otros fiscales, lo que agrava aún más su situación legal.